Transferencia y año 2015

Comenzamos un año con varias citas electorales, a nivel de todo el Estado y en varias Comunidades Autónomas. La transferencia de conocimiento es un asunto muy influido por las políticas públicas. Quizá sería bueno que no lo fuera, o que no lo fuera tanto, porque significaría que hay un mercado en dicho ámbito que es capaz de operar sin gran intervención. Pero, desgraciadamente, no es así en nuestro país -tampoco en otros de nuestro entorno- y las administraciones tienen, por tanto, un papel relevante, tanto en el fomento como en la regulación de este eslabón del proceso innovador.

Procede, por tanto en estos próximos meses, debatir sobre las políticas públicas en materia de transferencia de conocimiento, así como las de investigación e innovación, fuertemente interconectadas con ella. En los últimos meses han aparecido diversos documentos de análisis y de recomendaciones sobre el sistema español de innovación, de modo que ya tenemos discusión sobre la mesa. La asociación RedTransfer también desea animar a este debate, de modo que podamos evaluar lo realizado en los últimos años y suscitar ideas y reflexiones que aporten sugerencias a los programas que planteen las fuerzas políticas. Sirva el blog y los instrumentos de comunicación de la asociación para que se puedan verter opiniones y comentarios en este debate. Y sirva este artículo para abrir el mismo y lanzar cuestiones a tratar.

Una mirada a lo que han sido las políticas públicas en transferencia de conocimiento en estos últimos años lleva a valoraciones poco satisfactorias. Los recortes presupuestarios han afectado fuertemente al apoyo público a las oficinas de transferencia y a otras unidades de interfaz como parques y centros de incubación de empresas. Contrasta, sin embargo, que en el sector salud, el apoyo se ha mantenido y se ha podido constatar el desarrollo de nuevas unidades de transferencia en el entorno de las instituciones de investigación sanitaria.

Por otro lado, los instrumentos de interrelación investigación-empresa también se han resentido en sus dotaciones presupuestarias y han entrado en una dinámica de control de la ejecución del gasto que parece ser lo único que importe de los mismos. Además, sin apenas instrumentos de incentivo a la evolución de los resultados de investigación transferibles, el predominio y la avidez por la publicación científica y los indicadores bibliométricos ha dejado en la agenda un espacio demasiado pequeño para la protección y la transferencia de propiedad intelectual e industrial, de cuyo elevado coste –dicho sea de paso- se empieza a tomar conciencia.

Las leyes de la Ciencia y de Economía Sostenible apenas han supuesto en sus primeros años de funcionamiento cambios significativos en la dinámica de llevar a innovación las inversiones en investigación, pese a que este aspecto sea muy mencionado y ensalzado, no sólo en estas leyes, sino también en cualquier discurso políticamente correcto. Igualmente, comenzamos el año con una propuesta de nueva Ley de Patentes que, muy condicionada por los marcos internacionales, no parece que vaya a generar cambios relevantes.

Si bien a la vista de las políticas públicas podría llegar a pensarse que estos últimos años de fuerte crisis económica han sido un tiempo perdido, quizá dicho tiempo difícil esté sirviendo para probar e incubar nuevas iniciativas y modelos que puedan desarrollarse con fuerza en los próximos años. Así, están apareciendo diversas iniciativas privadas, tanto comerciales como de mecenazgo, en el ámbito de la transferencia de tecnología y el desarrollo de nuevos negocios. Por otro lado, diversas instituciones académicas están poniendo en marcha programas de estímulo a la protección industrial y programas de prueba de concepto para mejorar las condiciones de transferencia de sus resultados de investigación. Fuera de España, parece que crecen los fondos privados para creación de nuevas empresas innovadoras y que, incluso instituciones académicas asignan fondos al desarrollo empresarial de sus resultados de investigación. Los programas de I+D cada vez afinan más buscando impacto en innovación y talento excelente, venga de donde venga.

En este contexto, varios retos marcan la agenda de la transferencia de conocimiento en España para los próximos años. En materia de interacción investigación-empresa, donde nuestros resultados están en niveles similares o incluso mejores a países de nuestro entorno, es preciso ampliar la base empresarial que participa en este tipo de actividades y su capacidad de absorción de conocimiento. Como muchos análisis ya han puesto de manifiesto, el número de empresas que hacen I+D en España es escaso. Fortalecer los instrumentos que incorporen personal cualificado a las empresas y que las vinculen a investigadores académicos es una de las medidas que tiene fácil introducción y genera resultados positivos en el corto plazo.

También resulta necesario estimular las relaciones estratégicas y duraderas entre centros de investigación y empresas. Sobre esta cuestión, apenas hay recorrido en España. Nuestra legislación ofrece un marco inseguro e incluso disuade de actuaciones en las que se generen colaboraciones público-privadas que no se centren en un determinado proyecto.

Donde nuestro sistema requiere mejoras sustanciales es en la conversión en innovaciones de los resultados de la investigación pública. Aquí hay que actuar en todas las fases de la cadena. En las etapas iniciales, debe incorporarse más esfuerzo a la exploración de posibilidades de explotación de los resultados de los proyectos. Ello incluye su protección legal y el análisis de su potencial innovador. En las etapas intermedias debe invertirse en proyectos de prueba de concepto que, conducidos no con criterios académicos, sino de transferencia, validen el interés de explotación de los mismos y reduzcan el riesgo técnico y comercial que contienen en fases tan tempranas. A veces estos proyectos podrán realizarse en colaboración con empresas, pero en otras ocasiones deberán acometerse en los centros de investigación bien con la perspectiva de su futura licencia a una empresa existente o de la creación de una nueva empresa que los explote. Las políticas públicas deberían incidir en instrumentos de este tipo.

Pero estas fases iniciales e intermedias no valdrán de nada si no hay un capital de arranque y de desarrollo suficiente que permita abordar las etapas últimas del proceso, donde resulta necesario invertir en infraestructura productiva y comercial inicial que valide la innovación en el mercado. Los principales esfuerzos en la búsqueda de una mayor aplicación de los resultados de la investigación pública deberían dedicarse a la movilización de este capital, en buena parte de carácter privado. La activación de dichos recursos no es solamente un asunto de dinero, sino también de personas que sepan gestionarlo, es decir, que sepan evaluar este tipo de proyectos y que sepan plantearlos y conducirlos empresarialmente. La formación de este capital humano es un reto pendiente en España.

En transferencia de conocimiento hay todavía mucha materia para la actuación pública y ello debe ser motivo de atención en los debates electorales que tendremos en los próximos meses. Pero mucho de lo que hay que hacer no puede dar sus frutos en una legislatura. Requiere de más tiempo. Es una inversión en futuro que debería tener fuerte voluntad de consenso. Ya hemos sufrido en muchas ocasiones ocurrencias y falta de memoria en las políticas de transferencia de conocimiento. No empezamos de cero ahora y tampoco empezaremos de cero en la siguiente legislatura. Es importante que sepamos construir sobre lo aprendido en el pasado. Desde esta comunidad profesional que es RedTransfer, trabajemos para hacer llegar este mensaje a las fuerzas políticas que concurran a las referidas citas electorales.

Fernando Conesa
Director Adjunto del CTT de la Universitat Politècnica de València
Presidente de la Asociación de profesionales de transferencia, innovación y gestión de la investigación, RedTransfer

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