Políticas autonómicas en transferencia de conocimiento

La innovación se ha vuelto un factor del desarrollo económico y social tan importante, que cualquier propuesta política debe tomarlo muy en serio a la hora de participar en unas elecciones. Y los ciudadanos también debemos considerar este aspecto a la hora de decidir a quién vamos a votar. Por supuesto, hay otros ámbitos posiblemente más relevantes (sanidad, educación…), pero el de la investigación y la innovación ya no debe quedar como un asunto menor, porque condiciona fuertemente el modelo productivo y el modelo social.

La mayor parte de las Comunidades Autónomas tenemos próximamente una cita electoral y también habrá elecciones generales unos meses después. Centrándonos en el nivel autonómico, en los últimos años se ha producido una reflexión estratégica en lo que ha venido denominándose RIS3 (Research and Innovation Smart Specialisation Strategies) y que ha procurado establecer una decisión de inversión en investigación e innovación regional en cuanto a la intensidad y responsabilidad del esfuerzo, los temas y sectores económicos y el tipo de actividad al que dedicar los recursos.

Ciertamente, RIS3 parece que deja muy perfilados los trazos gruesos de las políticas autonómicas en investigación e innovación. Sin embargo, la formulación de RIS3 permite cubrir actuaciones muy diferentes entre sí y, por ello, hay margen para enfocar los instrumentos de política que se utilicen, los ritmos de su aplicación y la gestión de los programas.

Una de las preguntas recurrentes en políticas de investigación e innovación es qué debe abordar la política autonómica teniendo en cuenta la política nacional y, sobre todo la política europea, que tiene cada vez más incidencia, tanto por el nivel de inversión como por el de orientación. En transferencia de conocimiento, al igual que en otros aspectos de la investigación y la innovación, las políticas públicas pueden ir dirigidas a dotar infraestructura, construir capacidad o a desarrollar actividad. Las infraestructuras comprenden, entre otras, las plataformas de servicios tecnológicos, y los parques científicos e incubadoras. La capacidad incluye el personal y recursos necesarios para la evaluación y la protección del conocimiento, la acción comercial, gerencial y de desarrollo de negocio o los servicios legales y financieros. Por su parte, la actividad incluye la maduración de las tecnologías y su puesta a punto para ser introducidas en el mercado, normalmente mediante proyectos de desarrollo y validación técnica.

Creo que las políticas autonómicas de transferencia de conocimiento deben abordar principalmente las necesidades de infraestructura y de capacidad. Con el desarrollo de centros tecnológicos, que proporcionan servicios técnicos avanzados y de parques científicos e incubadoras, que aportan espacios y microecosistemas para la innovación, la infraestructura para la transferencia de conocimiento está bastante desarrollada, si bien, la evolución de un tejido productivo basado en conocimiento requerirá nuevas instalaciones y equipos que proporcionen servicios técnicos.

Las necesidades de capacidad para abordar los procesos de transferencia son más continuas. También son menos llamativas, menos lucidas para la acción política. Pero disponer de buen talento para valorizar resultados de investigación y conducirlos al mercado es, realmente, una característica clave en los procesos de transferencia de conocimiento. Hace falta que las políticas públicas, en particular las autonómicas fomenten el tejido de profesionales de la transferencia de conocimiento porque pretender su autosostenibilidad porque haya muy contados casos en el mundo que lo sean es una ilusión irrealista y, por tanto, es erróneo.

El esfuerzo necesario en valorización del conocimiento procedente de la investigación y en desarrollo de negocio para el mismo es intensivo en recursos humanos y requiere que éstos tengan suficiente tamaño, cualificación, experiencia y capital relacional. También es importante que este tipo de recurso, principalmente humano, adopte un modelo de organización que resulte efectivo. Si el tamaño de oficinas de transferencia, consultoras de innovación, centros de innovación, etc. suele ser pequeño para alcanzar la suficiente proximidad y capilaridad entre investigadores, emprendedores y subsectores empresariales, su funcionamiento cooperativo y en red debe ser una característica a proteger y desarrollar.

Concluyendo, las políticas públicas en investigación e innovación, particularmente a nivel regional, deben contemplar los aspectos de transferencia de conocimiento y, de modo especial, la capacidad del sistema regional de innovación para abordar estos procesos. El esfuerzo público para ello debe ser continuado, pues no es pensable que un sistema de innovación pequeño como el que tenemos genere retornos suficientes que sostengan esa capacidad. En el pasado, las políticas públicas no han dedicado atención suficiente a este factor. Con las elecciones autonómicas a la vista, tenemos una ocasión para mejorar la capacidad de transferencia de conocimiento de nuestros ecosistemas de innovación. Ojalá no la desaprovechemos.

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