La colaboración estable entre académicos y empresas se enfrenta en España aún a muchas dificultades

El pasado 4 de diciembre tuvo lugar en la sede en Madrid de la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y con la colaboración de su Vicepresidencia Adjunta de Transferencia de Conocimiento, el curso organizado por RedTransfer “Creación de Centros Conjuntos de I+D”. En el curso se debatieron las diversas posibilidades legales que ofrece la legislación española para establecer mecanismos de colaboración entre las empresas y los investigadores que tengan largo alcance y carácter estratégico y se expusieron diversas experiencias y casos de éxitos que han involucrado tanto a las universidades como a organismos públicos de investigación (OPI). El objetivo principal de este curso era proporcionar capacitación a los profesionales que deben dar forma legal y sostenibilidad económica a estos nuevos centros.

El curso contó con la asistencia de 24 profesionales de la gestión de la I+D+i y de la transferencia tanto del mundo académico como empresarial y permitió poner de manifiesto las dudas y barreras a las que se enfrentan los gestores a la hora de poner en marcha estas iniciativas. La legislación que afecta a la constitución y gestión de este tipo colaboraciones está dispersa y no es suficientemente clara, lo que permite diversas interpretaciones y la posibilidad de posteriores dificultades en la fiscalización de las actividades de estos centros y otros problemas legales.

Uno de los aspectos que suscitó un debate más vivo y era la disyuntiva de crear regulaciones específicas para estas colaboraciones y el rango que debería tener en tal caso las normativas o la posibilidad de seguir utilizando los mecanismos legales actuales evitando levantar nuevas barreras burocráticas que dificulten aún la creación de estos centros que desde el punto de vista de expertos y responsables del Sistema Español de Innovación es necesario impulsar.

Se analizaron en detalle las ventajas y convenientes de las figuras legales para la creación de centros conjuntos que están disponibles actualmente en la regulación, y que se han usado en diversos casos: desde los consorcios a las Asociaciones de Interés Económico (AIE), pasando por convenios de colaboración, fundaciones, asociaciones o Uniones Temporales de Empresas (UTE).

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Jorge Pipaón analizando el marco jurídico para centros conjuntos

Aunque como señalaba Cotec en un reciente seminario celebrado en la UIMP sobre este tema “Las colaboraciones estratégicas entre iniciativa pública y privada en investigación aplicada, con notable éxito en países avanzados, son prácticamente desconocidas en España”, durante el curso de RedTransfer se analizaron dos casos de éxito:

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